Preguntas Frecuentes

Cada caso es único. Realizamos un análisis de viabilidad legal gratuito antes de tomar su caso. Si determinamos que el fraude es rastreable y la contraparte tiene activos (cuentas congelables, bienes inmuebles, o estructura corporativa), las posibilidades aumentan considerablemente. No tomamos casos donde determinamos que la recuperación es legalmente imposible.

Trabajamos principalmente bajo un esquema de éxito o 'Cuota Litis'. Esto significa que nuestros honorarios principales son un porcentaje de lo recuperado. Sin embargo, solicitamos un fondo inicial de gastos (retainer) para cubrir costos operativos, notariales y de investigación preliminar. No existen 'costos ocultos'; todo se estipula por contrato desde el día uno.

Sí. Contamos con especialistas en rastreo de activos digitales (Blockchain Forensics) para identificar el destino de los fondos en fraudes de Bitcoin, USDT y otras criptomonedas. Colaboramos con autoridades cibernéticas para solicitar el congelamiento de wallets en exchanges centralizados cuando es posible.

Los tiempos varían según la vía legal. Una negociación extrajudicial puede resolverse en 2 a 4 meses. Un litigio civil o mercantil suele tomar entre 12 y 18 meses. Un proceso penal puede extenderse más de 24 meses. Nuestro objetivo siempre es buscar la vía más rápida para la restitución de fondos.

No es necesario. Representamos a clientes de toda la República Mexicana y del extranjero mediante Poderes Notariales. Usted puede firmar el poder en su ciudad (o consulado si está en el extranjero), enviarlo por paquetería, y nosotros nos encargamos de todas las comparecencias y trámites en los tribunales correspondientes.

La desaparición digital no implica la desaparición legal o financiera. Rastreamos a los beneficiarios reales de las cuentas bancarias donde usted depositó, así como a los socios corporativos registrados en actas constitutivas. El rastro del dinero (money trail) suele persistir en el sistema bancario aunque la página web haya sido eliminada.

Absolutamente. En el sistema legal actual, las pruebas digitales tienen pleno valor probatorio. Peritamos y certificamos conversaciones, correos electrónicos, contratos digitales y comprobantes de transferencia para integrarlos como evidencia sólida en la carpeta de investigación o demanda.

Debido a los costos procesales y la complejidad de estos litigios, generalmente aceptamos casos donde el monto defraudado supera los $250,000 MXN (o su equivalente en USD). Para montos menores, podemos ofrecerle asesoría para que usted mismo presente su denuncia ante la Profeco o Condusef.

Por ética profesional y ley, ningún abogado honesto puede garantizar un resultado al 100% en un litigio, ya que la decisión final depende de jueces y autoridades. Lo que garantizamos es una estrategia legal agresiva, transparente y profesional para maximizar las probabilidades de recuperación.

Nuestro enfoque principal son fraudes de inversión y corporativos de alto valor. Para casos de 'Montadeudas' (extorsión por apps de préstamos), recomendamos acudir directamente a la Policía Cibernética, ya que se trata de un delito de extorsión masiva que requiere intervención directa de la fiscalía especializada.

Sí. Cuando identificamos múltiples víctimas de una misma empresa fraudulenta, agrupamos los casos para ejercer mayor presión legal y mediática, además de reducir los costos individuales para cada cliente. Pregunte si ya tenemos un grupo activo contra la empresa que lo defraudó.

Totalmente. Entendemos que muchos de nuestros clientes han sufrido robo de identidad. Manejamos estricta confidencialidad bajo secreto profesional y protocolos de seguridad de datos. Su información nunca se comparte con terceros sin su autorización expresa.

La denuncia penal busca castigar el delito (cárcel para el fraudulento) y solicitar la reparación del daño. La demanda civil/mercantil busca directamente el embargo de bienes y cuentas para cobrar la deuda. Dependiendo del caso, activamos una o ambas vías simultáneamente.

Sí, es una de nuestras áreas de práctica más fuertes. Atendemos casos de preventas simuladas, desarrollos fantasma, y fraudes en cancelaciones de tiempos compartidos. Verificamos la propiedad de la tierra y los permisos para atacar el incumplimiento contractual o el dolo.